En España el sector cultural genera el 2,9 por ciento del total de los empleos y contribuye en algo más de un 3 por ciento al Producto Interior Bruto. Estas cifras ponen de manifiesto que se trata de un motor económico de gran importancia para nuestro país.
Hay que tener en cuenta, además, su aportación más trascendente para la sociedad, que no es otra que la creación y difusión del conocimiento y, por tanto, la construcción y consolidación del patrimonio inmaterial común, base de cualquier sociedad desarrollada.
Uno de los pilares básicos para que los creadores de cultura y sus industrias puedan llevar a cabo su labor es contar con un reconocimiento legal que les aporte seguridad jurídica en su actividad. Sin embargo, actualmente, en España los derechos de autor se encuentran en una situación de desprotección en lo que se refiere a la distribución y uso de los contenidos culturales, fundamentalmente en el ámbito digital, algo que no ocurre en países como Francia, Holanda, Alemania o Reino Unido.
Como vemos existe un déficit en la regulación y protección de los derechos de propiedad intelectual. Piratería, copia privada, préstamo público, copias ilícitas de publicaciones en el ámbito educativo… estos son algunos ejemplos que pueden ilustrar el escenario actual.
A esta realidad hay que sumar la incomprensión social y el poco aprecio que existe en torno al trabajo creativo, algo en lo que ha colaborado el uso no adecuado de las nuevas herramientas y entornos tecnológicos.
Se hace necesario, pues, un esfuerzo colectivo para conseguir un reequilibrio en el mercado de la cultura, que permita que todos los actores que intervienen en su creación, distribución y uso y explotación de los contenidos puedan convivir de forma justa y pacífica. No es complicado. Se trata de hacer compatible lo digital con el desarrollo de modelos de negocio culturales y la valoración de la creación.
España se merece un proceso de trabajo conjunto entre las administraciones públicas y el sector privado para conseguir un marco legislativo adecuado, y poner en marcha proyectos e iniciativas dirigidas a informar y sensibilizar a la sociedad sobre la importante y necesaria contribución de la cultura y de sus trabajadores.
Hay que tener en cuenta que la creación cultural es el resultado de un trabajo intelectual, y que este es un recurso inagotable para un país. Por eso, una de las mejores inversiones que a medio y largo plazo pueden hacer nuestros gobernantes es potenciarla y conseguir, a través de leyes justas, el equilibrio entre los derechos de los creadores, el desarrollo tecnológico y las necesidades de los consumidores.
Actualmente, el director de CEDRO, puesto que sustentó durante muchos años Magdalena Vinent y cuyo trabajo ha sido imparable, proactivo y determinante para nosotros, los autores, desde marzo le ha sustituido por Javier Corrales, su mano derecha. Ánimo y buena suerte querido Javier en esta compleja y díficl tarea.
Fuente: www.cedro.org